Transparencia Internacional fustiga a México

México otra vez queda mal parado por sus altos niveles de putrefacción institucional y la poca confiabilidad que generan gobiernos y demás funcionarios. Ahora es Transparencia Internacional quien lo  revela con la entrega de su “Índice de Percepción de la Corrupción 2009”.

Este organismo, que se autodefine como una sociedad civil de carácter global capaz de convertirse en una herramienta eficaz para luchar contra la impunidad, los abusos y las malas prácticas de autoridades, oficiales y burócratas, ubicó a México en el número ochenta y nueve —entre ciento ochenta naciones estudiadas— y ocupa, además, el nada honorable puesto veinte en América, donde se tuvo en cuenta un total de treinta y una naciones.

Es nuestro continente una de las peores regiones en términos de corrupción. Apenas diez países obtuvieron una puntuación superior a cinco (con un máximo de diez). México exhibe un paupérrimo 3.3, aun por debajo de homólogos tan pobres como Cuba, Guatemala y el Salvador. Cierran la lista americana Venezuela y Haití, territorios asolados por una dictadura vigorosa y una reciente guerra civil, respectivamente.

La otra cara de la moneda la representan Canadá y Estados Unidos que lideran la región con su riguroso grado de calidad en la administración gubernamental, —8.7 y 7.5 cada uno— además de colarse en las posiciones ocho y diecinueve a nivel mundial.

De tal forma, la llamada de atención se centra indiscutiblemente en los países al sur del Río Bravo. Cita el documento, que “la puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando las iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible. A su vez, los periodistas de América Latina se enfrentan a un entorno cada vez más restrictivo, y varios países han sancionado o propuesto leyes destinadas a silenciar al periodismo crítico, lo cual atenta contra la libertad de prensa en general y la posibilidad fundamental de denunciar la corrupción y su impacto. Tanto la sociedad civil como los medios de comunicación desempeñan un rol clave en la prevención de la corrupción y las medidas para combatirla. Debilitar a estos actores, especialmente en un momento en que las instituciones democráticas también están siendo puestas a prueba en varios países, limita la posibilidad de alcanzar una prosperidad duradera y reducir las desigualdades”.

Reposa entonces sobre los hombros de asociaciones civiles, la Iglesia, medios de comunicación y la ciudadanía —que conforma, en primera instancia, la fuerza promisoria de toda nación— la responsabilidad de exigir una purga en todos los órganos de gobierno. Ello, si los mexicanos verdaderamente pretenden desarrollar su incipiente democracia con algo más que exhortaciones vanas lanzadas por periódicos que en realidad buscan engrosar las arcas personales de sus directivos o políticos convenencieros dispuestos a adornar sus discursos con ideas que enciendan las esperanzas de un cambio, pero que jamás son puestas en práctica.